Los intendentes y exintendentes de Tucumán pusieron en el centro de atención la distribución de fondos del Pacto Fiscal Municipal, a la que adhirieron la mayoría de los municipios de la provincia, a excepción de Concepción y Burruyacú.
Los jefes municipales, alguno de ellos en la actualidad ocupando bancas en la Legislatura, utilizaron los medios de comunicación para enviar mensajes a favor y en contra de este convenio, que algunos afirman es "equitativo", mientras que otros aseguran que es "discrecional y arbitrario".
En rueda de prensa, el gobernador Osvaldo Jaldo explicó el pasado martes que la planilla salarial es el principal factor que se toma para el envío de recursos a los municipios que rubrican el acuerdo. “Las asignaciones de los montos se realizan en función a las planillas de sueldo que presenta cada municipio. Así que para nada hay que comparar los montos con la cantidad de habitantes que tiene cada uno de los municipios”, manifestó.
Uno de los que emitió críticas contra el Pacto Fiscal Municipal fue el parlamentario, Javier Noguera, que en La Gaceta lanzó: “El criterio que utiliza el Poder Ejecutivo de asignación de recursos en el ‘Pacto Fiscal’ es injusto, discrecional, arbitrario y apartado de la legalidad. El criterio de la planilla, además de injusto, estimula prácticas como la empleomanía estatal: en las antípodas de un Estado eficiente”.
En respuesta a esto, el ministro del Interior, Darío Monteros, explicó este jueves que “la distribución del Pacto Social no se realiza por la cantidad poblacional, sino en función de la planilla salarial en blanco que obra en el sistema nuestro de Casa de Gobierno de Tucumán, y con eso se pagan los sueldos”.
El funcionario también recordó que este criterio de distribución no es nuevo y que Noguera, durante sus ocho años como intendente, nunca expresó objeciones al respecto. “Si él dice que roza la legalidad, quiere decir también que convivió con esa supuesta falta de legalidad durante su mandato como intendente”, comentó.
Por su parte, otro de los que defendió el convenio Provincia - municipios fue el intendente de Monteros, Francisco Serra (h), que expresó su agradecimiento al Gobierno de la Provincia por la implementación del Acuerdo Fiscal Municipal. Según Serra, este permitió una distribución equitativa de fondos que beneficia a la mayoría de los intendentes de la provincia. "Estamos muy agradecidos a la Provincia, principalmente al ministro del Interior, Darío Monteros, que tuvo la capacidad de conformar a todos los intendentes, o a su gran mayoría", destacó Serra.
Gracias a esta colaboración, el intendente aseguró que en Monteros se pudo garantizar la paz social y atender las necesidades de una planta municipal. "Nuestra planta es muy grande y necesitaba el acompañamiento del Gobierno provincial y por suerte fuimos escuchados y realmente nos está yendo muy bien en ese sentido", añadió.
Serra enfatizó que Monteros, debido a su ubicación, actúa como un epicentro jurídico, sanitario y comercial no solo para 12 comunas, sino también para municipios vecinos. "Nosotros no tenemos un sistema recaudatorio tan amplio. Nuestra ciudad ocupa un lugar geográfico muy importante en la provincia. Eso habla de una influencia de habitantes muy importante en la ciudad y por supuesto, con la ayuda del Gobierno provincial podemos paliar esa situación”, dijo.
Y añadió: "Saber que el municipio de Monteros, a través de su planta amplia, también genera una activación y una motivación del mercado interno muy importante que genera fuentes laborales también".
En esa línea, el jefe municipal fue enfático al resaltar la gratitud hacia el gobierno provincial y se mostró orgulloso de la gestión municipal. "Hay que ser agradecidos de muchas situaciones que todos sabemos que el Gobierno de la provincia ha estado a la par del municipio", señaló, aunque evitó hacer comparaciones directas con otros municipios. "A mí no me gusta hablar de otros colegas, pero sí entiendo que, en la ciudad de Monteros, durante 8 años tuvimos que bancar un montón de situaciones y nunca salimos a llorar ni a culpar a otros de algunas situaciones que cada intendente debe resolver".
En contra del acuerdo también estuvo el flamante bloque de ediles de Cambia Tucumán, que recordó en un comunicado que se impulsa ante la Justicia un pedido para que se declare inconstitucional la Ley 6.316. “Jaldo dispone de los fondos como un señor feudal, sometiendo a los municipios con un ‘Pacto Fiscal’ que retiene los fondos a cambio de pagar sueldos. ¿Por qué los yerbabuenenses debemos ceder nuestros fondos para que Jaldo pague sueldos en Banda del Río Salí, Monteros o Aguilares? Los montos son desproporcionados y exorbitantes enviados al hijo de su ministro del Interior, triplicando lo destinado a Yerba Buena sin explicación coherente”, apuntaron los ediles Agustina Simón Padrós, Franco Marigliano, Dante Mauricio Argiró y Javier Jantus.
Otros de los que se refirió a la distribución de fondos a los municipios, fue el legislador por Trancas, Roberto Moreno, que expresó su respeto por las diversas opiniones y aclaró que, según su experiencia como intendente, la distribución se realiza de acuerdo a la planilla salarial establecida. “Trancas es un municipio pequeño, pero con una geografía extensa. Las atenciones no solo se limitan al municipio, sino también a un amplio departamento”, afirmó. Y agregó: “No conozco las problemáticas de otros municipios, pero debo decir que el pacto fiscal está bien estructurado”.
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