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AMPLIARExpertos, Senad, CNJ y abogados esperan el fallo de la Corte Suprema

Decisión judicial sobre posesión de marihuana requiere nuevos procedimientos

Los criminalistas brasileños esperan que se establezcan nuevas directrices para su trabajo cuando tienen que examinar la marihuana incautada en pequeñas cantidades por la policía. La demanda se produce después de que el Supremo Tribunal Federal (STF) dictaminara que no es delito tener hasta 40 gramos de cannabis sativa o seis plantas femeninas, que producen flores ricas en el compuesto psicoactivo tetrahidrocannabinol (THC).

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“Por supuesto, tendrán que establecer nuevos procedimientos, incluso para caracterizar claramente la situación que será provocada por la decisión”, señala el criminalista del estado de Mato Grosso Marcos Secco, presidente de la Asociación Brasileña de Criminalística, que representa a peritos, médicos forenses y examinadores dentales en todo el territorio nacional.

En las sesiones que juzgaron un recurso extraordinario por posesión de pequeñas cantidades de marihuana, el STF determinó que si una persona es sorprendida consumiendo la droga, la marihuana será confiscada y el usuario trasladado a la comisaría. El jefe policial no debe ordenar la detención en el acto ni abrir una investigación, sino registrar el hecho como infracción administrativa y dejar en libertad a la persona, después de notificarle que debe comparecer ante el tribunal para ser oído y, eventualmente, recibir un expediente no penal. sanción. 

La droga incautada debe ser examinada por expertos en el laboratorio para, por ejemplo, identificar la sustancia y medir el volumen. Según Marcos Secco, faltan definiciones sobre la obligación de pesar el medicamento en una báscula certificada. Además de normas específicas, el experto imagina que será necesario preparar laboratorios y técnicos para la nueva rutina. “En el caso de las plantas [confiscadas por la policía], habría que incrementar el servicio de botánica dentro de los institutos de criminalística”, dice el experto. 

Advertencias 

Cualquier persona que cometa una infracción administrativa por posesión de marihuana podrá ser advertida sobre los efectos de la droga o deberá asistir a un curso sobre el tema. Sin embargo, el defensor público Bruno Shimizu, presidente del Instituto Brasileño de Ciencias Penales (IBCCRIM), señala un vacío en esta dirección.

Según él, en la Ley de Drogas (Ley nº 11.343/2006) no existe un procedimiento específico para la investigación de una infracción administrativa. “El STF entendió que, mientras este procedimiento no esté reglamentado, la imposición de estas sanciones continúa ocurriendo en un proceso judicial”. En su decisión, la Corte Suprema señala que las reglas definidas por el tribunal son válidas mientras el Congreso Nacional no cree una nueva ley sobre la materia.

El STF también ordena al gobierno crear programas educativos sobre los riesgos del consumo de drogas y brindar tratamiento de salud a los adictos. Estas iniciativas deben involucrar a diferentes organismos del Estado. La coordinación de la mayoría de estas políticas públicas estará a cargo de la Secretaría Nacional de Políticas de Drogas y Gestión de Activos (Senad), del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Para la abogada Lívia Casseres, coordinadora general de los proyectos especiales sobre drogas y justicia racial de la Senad, la decisión del Supremo puede reducir el estigma sobre las personas que consumen drogas y permite llegar a esas personas “con verdaderas políticas y cuidados preventivos, de promoción de la salud”. " Según ella, además de los organismos públicos, en el desarrollo de estas políticas participará la sociedad civil a través del Consejo Nacional de Políticas sobre Drogas (Conad).

“Hay varios puntos de la decisión [del STF] que [la Senad] aún no tiene total claridad, debido a que aún no se ha publicado el fallo sobre la decisión. Hay muchas complejidades que tendrán que ser pensadas, creo que por todos los poderes del Estado”, dice el coordinador. 

Señala que algunas definiciones técnicas no están establecidas, y “habrá que discutirlas, madurarlas, primero desde la comprensión del contenido total del fallo, de todo lo decidido por la Corte Suprema”. La sentencia recién debería enviarse en agosto, después del receso judicial. Por ahora, el STF envió sólo las actas con el resumen de los debates y la resolución a la Senad y otros órganos.

Incluso el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), comandado por el propio presidente del STF, ministro Luís Roberto Barroso, espera el fallo de la Corte Suprema para abordar nuevas políticas judiciales que deben ser implementadas después de la decisión, como la realización de acciones conjuntas esfuerzos de los funcionarios de prisiones para revisar la orden de arresto de las personas sorprendidas con menos de 40 gramos de marihuana.

Impacto relativo 

Además de los vacíos en los procedimientos técnicos y la incertidumbre en la formulación de nuevas políticas públicas, existen dudas y desacuerdos sobre los efectos de la decisión. El abogado Cristiano Maronna, director de Justa, un centro no gubernamental de investigación sobre Justicia, teme que el impacto de la decisión del STF sea muy pequeño y que la resolución “cambie algo para que todo siga como está”.

Para él, la decisión del Tribunal Supremo mantiene el presupuesto de que se trata de un caso de tráfico, y no de uso recreativo, en el testimonio del policía, anclado en pruebas como el volumen de droga incautada y, eventualmente, la posesión de bultos, balanzas o registros de ventas.

“No se puede presumir la trata. La finalidad comercial tiene que estar acreditada y tiene que ser prueba corroborada externamente además de testimonios policiales y pruebas ancladas”, señala el abogado. “Lo que realmente podría cambiar es calificar la investigación criminal, llegar realmente a los que son narcotraficantes, a los que ganan dinero con ello, al fin y al cabo, si es un negocio de miles de millones de dólares, no es posible que sólo detenga a miserables. personas de raza negra."

El abogado Gabriel de Carvalho Sampaio, director de litigios e incidencia de la ONG Conectas Direito, admite que “se necesita mucho más progreso”, pero discrepa con Maronna y señala que la decisión del STF tiene un efecto importante que parece simbólico, pero tiene muchas consecuencias en realidad, es el hecho de que la Corte Suprema reconoce las injusticias cometidas por el Poder Judicial y la policía en la aplicación de las leyes sobre drogas.

“La resolución de la Corte Suprema constituye ahora una herramienta importante en la vida cotidiana, es decir, la incautación con la cantidad, una mera declaración subjetiva de la policía, ya no será suficiente para que la calificación sea trata. Los usuarios ahora cuentan con una declaración del Supremo Tribunal Federal de que no cometen delito al consumir la droga, en este caso marihuana”, evalúa.

Fuente: Agencia Brasil