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AMPLIARProyecto gubernamental que actualiza la norma recibió críticas de organizaciones

En medio de la expansión de la deforestación, Piauí debate nueva ley ambiental

En medio de la expansión de la deforestación, que se triplicó de 2019 a 2023, Piauí está discutiendo cambiar la ley ambiental del estado, con cambios en el proceso de concesión de licencias para las empresas económicas.

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El proyecto de ley que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa de Piauí (Alepi) ha sido criticado por organizaciones de la sociedad civil, que consideran frágil la propuesta para proteger el medio ambiente.

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Enviado por el gobierno estatal a finales de 2023, el proyecto fue modificado la semana pasada por el relator Francisco Limma (PT), ampliando el texto de 50 a 90 artículos, con algunos eliminados y otros modificados.

Se eliminaron tres de las principales críticas: la posibilidad de una autodeclaración para la concesión de licencias ambientales; la provisión de multas de cancelación; y licencia cautelar, que podría ser emitida por la secretaría de medio ambiente antes de que concluya el procedimiento regular. En un mensaje enviado a Alepi el 29 de mayo, el propio gobierno de Rafael Fonteles (PT) pidió la supresión de las licencias cautelares.

Pese a los cambios, organizaciones de la sociedad civil critican que se mantenga la posibilidad de descuentos en las multas por infracciones ambientales, que varían del 65% al ​​90% de la sanción total. Además, solicitan mención expresa a la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades tradicionales impactados por proyectos en el estado.

Después de una solicitud de revisión presentada la semana pasada por la Comisión de Constitución y Justicia de Alepi, el proyecto de ley que deroga la actual ley ambiental de Piauí, que data de 1996, podría volver a la agenda esta semana. Al presentar el dictamen, Limma afirmó que cambió la propuesta inicial “casi globalmente” basándose en sugerencias de la sociedad civil.

Piauí forma parte de Matopiba -región que reúne los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía- donde se concentra gran parte de la deforestación brasileña, por ser la principal frontera agrícola del agronegocio. Según Mapbiomas, tres de cada cuatro hectáreas deforestadas en el Cerrado en 2023 (74%) fueron en Matopiba .

Además, Piauí es uno de los principales estados para la expansión de las energías renovables, especialmente solar y eólica, que también pueden tener impactos ambientales a través de la instalación de plantas.

Entre 2019 y 2023, la deforestación en Piauí más que triplicó su tamaño, pasando de 42 mil a 135 mil hectáreas de área deforestada, según alertas de deforestación sistematizadas por MapBiomas. Esto a pesar de que el estado registró una caída del 8% en la deforestación entre 2022 y 2023 . 

El defensor público del Estado de Piauí Humberto Rodrigues, que participó de los debates en Alepi, evaluó que los cambios subsanaron las posibles inconstitucionalidades del texto inicial, especialmente la figura de las licencias cautelares.

“Un instrumento como este le dio al secretario superpoderes. Cuando hubiera algún problema en la realización de este estudio, expediría una licencia cautelar con los mismos efectos que la licencia prevista en la legislación”, destacó.

Para Humberto, el debate con la sociedad mejoró el proyecto. “En general, la Defensoría del Pueblo quedó muy satisfecha con el nuevo proyecto. Las inconstitucionalidades fueron resueltas”, añadió.

En otra posición tiene el defensor público federal Benoni Moreira, quien acompaña las discusiones ayudando a las organizaciones de la sociedad civil. Para él, el texto aún concentra muchas competencias en la figura del secretario de Medio Ambiente.  

“Esto demuestra que el propósito de este proyecto no es preservar el medio ambiente, sino facilitar el licenciamiento de grandes emprendimientos, como la minería, los monocultivos, los proyectos de agronegocios y las energías renovables, especialmente la eólica”, resaltó.

A pesar de los cambios, los problemas persisten en el texto, según una coalición formada por alrededor de 50 organizaciones sociales -entre ellas, la Red Ambiental de Piauí (Reapi), la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), además de asociaciones de trabajadores, sindicatos, comunidades tradicionales, indígenas, quilombolas, estudiantes y ambientalistas.

En un documento enviado a los parlamentarios, las organizaciones piden la reducción de los descuentos de las multas ambientales hasta un máximo del 50% del valor. “Si bien la disposición de descuento de las multas aplicadas tiene como objetivo fomentar la reparación del daño ambiental por parte del infractor, la posibilidad de descuentos en porcentajes muy elevados fomenta indirectamente la degradación ambiental”, dice el mensaje.  

En un dictamen, el relator Francisco Limma justifica que la actual ley ambiental de Piauí (Ley 4.854 de 1996) ya permite descuentos de hasta el 90% y que el nuevo texto endurece las reglas al limitar las multas al 75% para las empresas privadas.

“Lo que antes podía alcanzar el 90% para todos, establecimos una escala para hacer más riguroso este descuento cuando se trata de una persona física o jurídica de derecho privado”, explicó el ponente.

Francisco Limma también destacó la eliminación del artículo que preveía la cancelación de la multa si la infracción ocurría “durante la solicitud de licencia con base en la información presentada en la licencia”.

Por otro lado, las entidades señalan que la Ley de Prevención de la Deforestación del Estado de Piauí (Ley 8.094 de 2023) fija el descuento de las multas por infracciones ambientales en el 50%, porcentaje inferior al ahora propuesto.

Las organizaciones también piden que el texto mencione expresamente la consulta previa, libre e informada a las comunidades tradicionales, indígenas y quilombolas que puedan verse impactadas por los proyectos en Piauí.

Si bien el relator incluye que las licencias sólo podrán expedirse “previa prueba de consulta a las personas interesadas, mediante un procedimiento, a través de sus instituciones representativas”, las organizaciones piden mayor énfasis en realizar esta consulta, incluyéndola en la fase inicial del trámite de licencias. proceso.  

Otra crítica se refiere a la disposición de observar los principios de buena fe y libertad económica para la concesión de licencias ambientales. “Los principios de buena fe y libre empresa no se aplican al derecho ambiental, que se rige por los principios de prevención y precaución establecidos implícitamente en el art. 225 de la constitución federal de 1988”, afirman.

El gobierno del estado de Piauí informó a Agência Brasil que sólo se pronunciará sobre el tema después de votar la propuesta en la Asamblea local. Al enviar el proyecto el año pasado, el gobernador Rafael Fonteles explicó que el objetivo es renovar la legislación estatal en materia de medio ambiente para “adaptarla a la realidad fáctica de nuestro estado”.

“Considerando la necesidad de regular y actualizar las disposiciones legales que aseguren la preservación, mejora y recuperación de la calidad ambiental en el territorio de Piauí”, dijo.

El diputado estatal Francisco Limma señaló que la legislación trae avances con relación a la normativa vigente al disponer la creación de un Registro Estatal de Infractores Ambientales, con los nombres de los condenados en primera instancia por infracciones contra el medio ambiente.

Otro avance destacado por el diputado sería el aumento del plazo de prescripción de infracciones ambientales de cinco a diez años y la ampliación de la transparencia respecto de los datos ambientales del estado.

“Los ciudadanos ahora tienen garantizado el acceso a información sobre situaciones y disponibilidad de recursos ambientales, divulgación de niveles de calidad ambiental, entre otros”, afirmó el parlamentario. 

Fuente: Agencia Brasil