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AMPLIAREl Nene de Verónica Abad

Fiscalía de Ecuador incluye a vicepresidenta en investigación por corrupción

La Fiscalía ecuatoriana anunció ayer lunes que en la ampliación de la versión del denunciante, documentación relacionada, así como información telefónica, se determinó la presunta participación de la vicepresidenta del país, Verónica Abad en el llamado «Caso Nene».

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Se trata de un caso en el cual está procesado el hijo de Abad, Sebastián Barreiro por presuntamente haber participado en tráfico de influencias en la Vicepresidencia de la República. El anuncio de la vinculación fue realizado por el agente Carlos Leonardo Alarcón, en un video publicado por la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo a Alarcón, «durante la etapa de instrucción fiscal se han practicado varias diligencias entre las que se incluyen la ampliación de la versión del denunciante y documentación relacionada a su contratación por disposición directa de la señora vicepresidenta de la República, así como información telefónica, a través de las cuales se determinó la presunta participación de la señora Verónica Abad en esta causa».

En ese sentido, anunció que el caso pasará a manos de la Unidad de Fuero de Corte Nacional (CNJ) de la Fiscalía General, debido a que solo esa institución puede juzgar a la vicepresidenta Abad, como consta en la Constitución ecuatoriana y las leyes procesales locales.

De esta manera, un nuevo fiscal deberá pedir al máximo tribunal de justicia ordinaria, la fecha y hora de una audiencia para vincular a Abad, quien está en Israel cumpliendo con la «misión de colaborar con la paz en ese país», según el presidente Daniel Noboa.

Este paso implicaría la extensión de la instrucción fiscal por 30 días más.

De acuerdo a la tesis de la Fiscalía, el denunciante habría ingresado a trabajar como funcionario público en la Vicepresidencia de la República, en diciembre de 2023. La noche del 8 de diciembre, el perjudicado se habría reunido con Sebastián Barreiro y otra persona más, en un hotel de Quito. Ambas personas presuntamente le ofrecieron un puesto de trabajo dentro del servicio público, con un sueldo de 3200 dólares. No obstante, la víctima debía entregar aproximadamente 2000 dólares a Barreiro.

Luego de negociar, acordaron la entrega de cerca de USD al procesado, mientras que la víctima se quedaría con el resto. Para garantizar este pago, convencieron al perjudicado de firmar una letra de cambio por USD 30 600, que sería utilizado como respaldo del monto total que debía ser cancelado en el periodo de un año.

Verónica Abad asistió a una de las convocatorias que realizó Fiscalía para tener su versión, sin embargo, se acogió al silencio porque el fiscal no le aclaró si fue llamada en calidad de testigo o sospechosa.