06/10/2008 - En General

El gobierno boliviano no llegó a consensuar con la oposición

El Gobierno del presidente Evo Morales, los prefectos de Cochabamba, Oruro, Potosí, La Paz y Pando, la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) y la bancada parlamentaria del Movimiento Al Socialismo (MAS) firmaron anoche el documento de acuerdo nacional, sin el respaldo de los radicales opositores agrupados en el denominado Consejo Nacional Democrático (Conalde), según dio cuenta ayer la Agencia Boliviana de Informacion (ABI).

Luego de casi 11 horas que duró el encuentro nacional, realizado en instalaciones de la Casa Campestre de Cochabamba, los sectores políticos enfrentados no lograron llegar a un acuerdo de consenso fundamentalmente sobre una serie de cambios al proyecto Constitución que fue aprobado en Oruro en diciembre de 2007.

“Este acuerdo fue suscripto por los prefectos de La Paz, Cochabamba,Pando, Oruro, Potosí y la Federación de Asociaciones Municipales, la FAM, también por algunos parlamentarios, pero no así por los prefectos de oposición”, señaló el ministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Carlos Romero, en conferencia de prensa al término del encuentro.

La reunión estuvo presidido por el presidente Evo Morales Ayma y el vicepresidente Alvaro García Linera. También participaron representantes de las iglesias, Católica y Metodista, además de observadores nacionales e internacionales.

En ese marco, Romero lamentó que los prefectos de oposición no se hayan sumado a un acuerdo nacional de gran expectativa para el pueblo boliviano y, remarcó Romero, fundamentalmente para las regiones impulsoras del proceso autonómico.

El acuerdo debió consolidar básicamente los consensos logrados sobre autonomías y su constitucionalización, además de garantizar y viabilizar la convocatoria al referendo dirimitorio (para definir la extensión de tierras privadas entre 5.000 ó 10.000 hectáreas) y el aprobatorio por el proyecto de la nueva Constitución Política del Estado.

El Ministro dejó en claro que el Poder Ejecutivo no clausuró el escenario del diálogo y concertación con las regiones autonomistas. “Los vamos a seguir esperando”, aseveró.

Los cuatro prefectos que no suscribieron el acuerdo fueron de Santa Cruz, Rubén Costas, de Beni, Ernesto Suárez, de Tarija, Mario Cossío, y de Chuquisaca, Savina Cuellar, que tienen su caudal electoral concentrado en las ciudades capitales de estas regiones.

En el referendo revocatorio del 10 de agosto pasado el Mandatario fue ratificado en 95 de 112 provincias del país, con el 67.4 por ciento de preferencia electoral.

Por su parte los movimientos sociales agrupados en la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) anunciaron el inicio de la marcha desde Caracollo hacia el Congreso Nacional desde el 13 de octubre, simultáneamente otras movilizaciones partirán desde Río Abajo, Los Yungas y Tiquina.

PROPUESTA AUTONÓMICA

Romero puntualizó que el Poder Ejecutivo incorporó en gran medida en el nuevo texto constitucional las autonomías departamentales impulsadas por el Conalde.

Explicó que los consensos alcanzados sobre autonomías se inscriben en el marco de la potestad legislativa, no sólo para sus materias de competencia exclusiva, sino también para aquellas compartidas con el Estado nacional.

“La autonomía departamental, además de competencias propias, tendrá recursos propios, consolidará la elección de sus autoridades propias, cohabitará con otras autonomías sin ver amenazada su potencia constitucional e institucional”, sostuvo Romero.

Agregó que su base jurisdiccional serán las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y no los territorios reconstituidos que impliquen una modificación de entidades político administrativas actualmente vigentes.

El planteamiento del acuerdo también establece una igualdad jerárquica entre las autonomías, es decir sin control ni subordinación entre ellas, pero sí desigualdad competencial.

“Gran parte de este nuevo capítulo de autonomías que pondremos en consideración del pueblo boliviano en el proyecto de Constitución Política del estado ha sido consensuado con los representantes de todas las prefecturas, incluidas las de oposición y del sistema municipal”, dijo Romero.

Según el Ministro, el hecho que los prefectos opositores no se hayan suscrito al acuerdo responde a una estrategia política justificada con los procesos judiciales iniciados en contra de cívicos y la necesidad de discutir otros temas de la nueva Constitución que no fueron debidamente argumentados.

CONGRESO

Ante la actitud asumida por parte de los prefectos del Conalde y si estos deciden alejarse del diálogo, la autoridad de Gobierno advirtió que este proceso será continuado en el Congreso de la República.

En esa línea, ratificó la realización del referendo constitucional, para el cual los congresistas deberán emitir una ley de convocatoria que permita al pueblo boliviano decidir sobre la nueva Carta Magna aprobada en Oruro en diciembre de 2007 por la Asamblea Constituyente.

“Este referendo será convocado por el Congreso, cumpliendo los procedimientos, normas y requisitos establecidos por ley, pero además por una firme voluntad política del Poder Ejecutivo y del Vicepresidente de la República (Alvaro García Linera) y presidente del Congreso Nacional”, mencionó Romero.

Al respecto, el prefecto de Tarija, Mario Cossío, a nombre del Conalde que agrupa a prefectos radicales, aclaró que en el referendo se deberá poner en consideración el proyecto de Constitución aprobado en Oruro, pero con un Padrón Electoral transparentado.

Según Cossío, pese al compromiso y voluntad política de los cuatro prefectos no ha sido posible concluir este gran acuerdo porque no hubo la posibilidad de encontrar las coincidencias necesarias en los temas centrales de la agenda.

“La mayor preocupación central se ha estado centrado de convencer al Gobierno una discusión profunda del proyecto de Constitución de temas vitales, y no se propuso hacer una nueva Carta Magna de cero”, reconoció.

Los prefectos opositores no han puesto obstáculos al referendo constitucional, pero condicionaron su realización a que se audite el Padrón Electoral, Registro Civil y la carnetización, además de que sea aprobado en el marco legal.

“Nosotros les dejamos que el Congreso debata libremente sobre los que le planteará el gobierno del referendo”, afirmó, citado por ABI.