El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo ayer jueves que el triple asesinato de policías ocurrido la madrugada del sábado en la zona centro-sur de Chile y considerado el ataque más grave de la historia reciente contra Carabineros “tiene connotaciones terroristas”.
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En una entrevista a la Asociación de Radiodifusores de Chile, transmitida por 500 radios pertenecientes a la asociación, con motivo del Día de Mundial de la Libertad de Prensa el mandatario enfatizó: “No le hago asco a la palabra. Frente a un atentado de estas características la condena tiene que ser total y no debe haber matices en aquello”.
El Gobierno acusó a los responsables del crimen por homicidio contra Carabineros, infracción a la Ley de Armas y por organización criminal, delitos que conllevan una pena de cadena perpetua calificada.
¿Cómo fue el atentado que conmociona a Chile?
El presidente explicó que las investigaciones siguen avanzando e insistió en que “no se está actuando a ciegas”, sino que “hay ciertos pedazos de hilo de dónde tirar”.
Una región convulsa
El ataque contra los funcionarios de Control de Orden Público (COP) de Carabineros, la policía militarizada, ocurrió en la localidad de Cañete, a unos 600 kilómetros al sur de la capital, cuando un grupo de hombres armados disparó contra la patrulla policial, antes de prender fuego al vehículo con los uniformados adentro.
Murieron calcinados un sargento y dos cabos que, de manera póstuma, se las ascendió al rango de suboficial mayor.
“No es que los investigadores, Carabineros, la Fiscalía no sepan dónde pararse, sino que hay diferentes líneas investigativas”, recalcó.
El ataque se considera inédito tanto por tratarse de un asesinato múltiple, como por la forma cómo habrían sido asesinados los agentes, según apuntan las primeras investigaciones.
Las regiones del Bio Bío y La Araucanía son escenario desde hace décadas de un conflicto que involucra a pueblos originarios, el Estado y grandes empresarios latifundistas y forestales que explotan tierras y bosques considerados ancestrales por las comunidades indígenas.
Desde mayo de 2022 las zonas afectadas por el conflicto están bajo estado de emergencia, en un intento por controlar los ataques de grupos armados, en su mayoría sabotajes incendiarios. Esta situación se combina ahora con una crisis de seguridad que atraviesa el país y que ha provocado un aumento de los delitos violentos y del crimen organizado.
Entre las hipótesis que se barajan no se descarta que se trate de un ataque vinculado a la violencia rural por el conflicto histórico que afecta a la zona o bien una acción relacionada con el crimen organizado, que también ha llegado al sur del país.EFE
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