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AMPLIARLula encabezó la movilización en defensa de la democracia

9 de enero: la respuesta de las instituciones al intento de golpe

Un día después del mayor ataque a la democracia brasileña, el 9 de enero de 2023 también tiene una historia que contar. Aquel lunes, hace exactamente un año, estuvo marcado por la reacción de las autoridades e instituciones del país ante la invasión de la sede de los Tres Poderes y la depredación de bienes públicos.

Sigue.

La destitución de un gobernador, el arresto de cientos de golpistas y una campaña para reafirmar el Estado democrático de derecho. Esta fue la manera en que la democracia se mostró firme e intacta, incluso después de tantas amenazas el día anterior.

En las primeras horas de la mañana, el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenó la destitución de Ibaneis Rocha del cargo de gobernador del Distrito Federal por un período de 90 días.

En la decisión, Moraes argumentó que Ibaneis Rocha y Anderson Torres, entonces secretario de Seguridad Pública del DF y que había sido destituido el día 8, guardaron silencio ante los ataques al Palacio do Planalto, el Congreso Nacional y el STF. . El juez dijo en su decisión:

“La negligencia y connivencia del ex Ministro de Justicia y Seguridad Pública y, hasta entonces, Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Anderson Torres –cuya responsabilidad se determina en petición separada- con cualquier planificación que garantizara la seguridad y el orden. en el DF, tanto en términos de bienes públicos -el Congreso Nacional, la Presidencia de la República y el Supremo Tribunal Federal- sólo no fue más indignante que la conducta deliberadamente omisiva del gobernador del DF, Ibaneis Rocha, quien no sólo dio declaraciones públicas defendiendo una falsa 'manifestación política libre en Brasilia' - aun sabiendo, a través de todas las redes, que se llevarían a cabo ataques a las instituciones y a sus miembros - pero también ignoraron todos los llamamientos de las autoridades para llevar a cabo un plan de seguridad similar al llevado a cabo en los dos últimos años, en particular el 7 de septiembre, con la prohibición de entrada a la Esplanada dos Ministérios a los delincuentes terroristas; habiendo otorgado un amplio acceso”.

En un video difundido la noche del 8 de enero, Ibaneis Rocha pidió disculpas a los jefes de los Tres Poderes y afirmó que no imaginaba la proporción que tomarían los actos antidemocráticos.

El ministro del STF también ordenó la evacuación, en un plazo de 24 horas, del campamento instalado frente al Cuartel General del Ejército, de donde partieron la mayoría de los implicados en los atentados del 8 de enero. Cualquiera que se resistiera a la orden podría ser arrestado con las manos en la masa.

La Policía Militar y la Policía Militar del Distrito Federal fueron responsables del desalojo y detuvieron al menos a 1.200 personas en el campamento , instalado desde finales de las elecciones presidenciales del año pasado por partidarios de Jair Bolsonaro que no aceptaron los resultados de las urnas.

El ministro de Defensa, José Múcio, y el ministro jefe de la Casa Civil, Rui Costa, acompañaron la retirada del campamento. Se trataba del desmantelamiento del núcleo golpista presente en la Esplanada el día anterior.

Al presentar un informe sobre el episodio a finales de enero, el interventor de seguridad pública del DF, Ricardo Cappelli, afirmó que después de la toma de posesión del presidente Lula hubo una reducción en el número de campistas, pero que el número volvió a aumentar la víspera de la ataques terroristas .

“Las investigaciones dirán si se trató de una táctica errónea o qué sucedió. Pero el caso es que al día siguiente [de la inauguración] el campamento hace un proceso de desmovilización y cuando llega el día seis y siete vuelve a explotar y hay concentraciones de alrededor de 4 mil personas allí el 7 de enero”, afirmó.

El lunes por la noche, la Cámara de Diputados aprobó la intervención federal en materia de seguridad pública en el Distrito Federal , decretada el domingo (8) por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pero que necesitaba la confirmación de las Cámaras Legislativas.

El texto fue aprobado en una votación simbólica de los diputados federales. Al día siguiente, 10 de enero, el Senado confirmó la intervención federal.

El secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia, Ricardo Cappelli, fue designado interventor, adquiriendo el control de todos los órganos distritales de seguridad pública durante el período.

El Presidente Lula convocó a una reunión con gobernadores y vicegobernadores de los 26 estados y del Distrito Federal. Después de reunirse en el Palacio do Planalto, todos caminaron por la Praça dos Três Poderes hasta el Tribunal Supremo Federal (STF).

En el paseo estaban la entonces presidenta del STF, ministra Rosa Weber, los ministros Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli y Ricardo Lewandowski, además de ministros del gobierno federal, gobernadores y parlamentarios.

En ese momento, Lula dijo que los responsables de los ataques serían descubiertos y castigados. “Descubriremos quién lo financió. Hay gente que financia, hay gente que pagó para venir aquí y hay gente que lo incentivó”, afirmó el presidente, cerrando la jornada de reacción de la democracia contra quienes se decían patriotas, pero se dedicaban a atacar a la patria.