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Investigan a empresas agropecuarias por presunta evasión impositiva de 300 millones de pesos

El monto reclamado en distintas causas judiciales a las compañías del sector, corredores de bolsa e intermediarios por presunta evasión impositiva, ronda los 300 millones de pesos en el período comprendido entre 2006 y lo que va del corriente año, según detallaron fuentes judiciales.

Durante el año, hasta el mes de agosto, la cantidad de denuncias presentadas asciende a 170 y el reclamo, en monto, supera los 140 millones de pesos, con una incidencia manifiesta de las organizaciones delictivas dedicadas a brindar la logística necesaria para la "concreción de importantes defraudaciones fiscales", agregaron las fuentes.

El mapa de la evasión agropecuaria incluye a las principales provincias argentinas y en el caso de Buenos Aires, por ejemplo, recientemente se conoció una resolución de la Cámara Nacional en lo Penal Económico (Sala B), advirtiendo sobre la presunta existencia de una asociación ilícita por irregularidades en el cobro de devoluciones en el pago del IVA.

Las fuentes señalaron que las firmas que se encuentran bajo la mira del fisco son, entre otras, "Cargill, Alfred Toepfer, Productos Sudamericanos, Oleaginosa Oeste y Louis Dreyfus".

En dichas actuaciones, tanto el tribunal como la propia Administración Federal de Ingresos Públicos, llevaron adelante medidas probatorias tendientes al avance cualitativo de la pesquisa.

Entre ellas, la citación a indagatoria a una quincena de corredores de cereales entre los que se destaca Héctor Celso Calza; quien ya fuera condenado a 3 años y 7 meses de prisión efectiva por operar con falsos proveedores y expulsado de la Bolsa de Cereales de la ciudad de Rosario.

En el caso de la provincia de Chaco, el Juzgado Federal de Resistencia, libró una importante cantidad de allanamientos con el objetivo de detectar a los integrantes de una asociación criminal que reclutaba personas de bajos recursos y las hacía aparecer como vendedores de cereal, blanqueando así la actividad de los verdaderos productores primarios y alcanzando la evasión una suma cercana a los 10 millones de pesos.

En Córdoba, por su parte, el fisco detectó el accionar de una presunta organización delictiva con ramificaciones en el noroeste del país, que habría reclutado -con diversos engaños- a más de 600 personas en situación de indigencia para inscribirlos como productores de cereal ante la DGI y realizar -en su nombre- operaciones de venta de granos.

La operatoria consistía en la creación de falsos contribuyentes que aparecen facturando el cereal comercializado "en negro" por los productores agropecuarios que se ocultan a través de estos sujetos.

Similar ’modus operandi’ se ha visto reiterado en asociaciones criminales con base en las provincias de Tucumán y La Pampa.

Las fuentes pusieron como ejemplo al Grupo Molinari, denunciado ante el Juzgado Federal Nro. 1 de Tucumán que investiga la existencia de un presunto plan organizado y coordinado por un grupo de personas, cuyo jefe sería el titular de la firma -identificado como Eduardo Molinari-, quien habría prestado servicios para facilitar la evasión de obligaciones tributarias por más de 23 millones de pesos en el mercado de cereales.

En este caso, se investiga la provisión de documentación apócrifa para evadir impuestos o solicitar reintegros por exportación a contribuyentes ubicados en diferentes localidades del país como por ejemplo Mercedes, Rosario, Mar del Plata, Resistencia, La Plata y el Gran Buenos Aires.

En lo que respecta a La Pampa, alrededor de quince importantes contribuyentes con domicilio en la provincia deberán explicar al Juez Federal de Santa Rosa "los motivos por los cuales declaraban en sus presentaciones ante el Fisco haber realizado operaciones de compra de cereales a personas de escasos recursos económicos manifiestamente ajenos a la actividad", dijo la fuente judicial.

También se detectó una organización delictiva en el ámbito de la localidad de Bahía Blanca, expediente judicial en el que se citó a indagatoria para los próximos días a los tres contadores públicos de la ciudad bonaerense.

En los allanamientos llevados a cabo en los domicilios de los contadores públicos se secuestraron facturas falsas y sellos scaneados de funcionarios del organismo y judiciales, credenciales de la SIDE, licencias de conducir, DNI, guías de traslado de hacienda, formularios de DGI y el SENASA.

Dicha organización, según las fuentes, habría facilitado la evasión de varios contribuyentes de la zona por sumas superiores a los 2 millones de pesos, según los cálculos de las autoridades fiscales.