El Tribunal de Familia de Bahía Blanca revocó ayer la decisión de un juez local que ,el martes pasado suspendió ,el aborto terapéutico de una joven discapacitada y violada, y autorizó a los médicos que la atienden a llevar adelante la intervención quirúrgica.
La resolución que revoca la suspensión del aborto terapéutico dictada ayer por el juez Fernando Longás, fue decidida con el voto de los jueces Edgardo Emilio Manassero y Patricia Adriana Marenoni, del Tribunal de Familia de Bahía Blanca.
La medida judicial -se desconoce si será apelada-, ya fue notificada al equipo de médicos del Hospital Interzonal José Penna, donde se encuentra internada la joven de 18 años con discapacidad mental, la que se encontraba alojada en el Patronato de la Infancia de esta ciudad del sur bonaerense.
Según fuentes judiciales, la chica quedó embarazada tras ser violada en reiteradas ocasiones por familiares directos.
El pedido para interrumpir el embarazo de la menor había sido solicitado por el representante legal nombrado por el propio Tribunal de Familia local, ante lo cual, el juez Longás ordenó ayer a las autoridades del Hospital Penna suspender por el término de 48 horas el aborto terapéutico.
"La resolución judicial llegó hoy (por ayer) a las 16 horas, y el Tribunal de Familia nos faculta a interrumpir el embarazo de la joven violada, esto es cumplir con el Artículo 86 Inciso 2 del Código Penal", confirmó a Télam el director Ejecutivo del Hospital Interzonal José Penna, Alberto Antonio Taranto.
El médico dijo además que "a partir de ahora vamos realizar las prácticas pertinentes para compensar a la paciente y evaluarla desde el punto de vista obstétrico. Esta demora (por la suspensión del aborto terapéutico) ha generado cambios en la conducta de la chica".
Taranto añadió que por esa razón, la adolescente discapacitada "tiene ahora una mayor ansiedad, y el equipo médico que la atiende deberá compensarla primero para luego evaluar en qué momento inicia la intervención quirúrgica".
Por otra parte, el director Ejecutivo del Hospital Penna, apuntó que en otras ocasiones "hemos resuelto sin inconvenientes situaciones semejantes", en ese centro asistencial, por lo que lamentó que "este caso se judicializara, cuando para nosotros no debería haber llegado a esta instancia".
El caso de la adolescente que padece un severo retraso mental, fue denunciado a fines de agosto de este año por la madrina de la víctima, la abogada María Fernanda Pettersen, quien radicó la denuncia por abuso ante el fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 Eduardo Quiróz.
Pettersen denunció que "durante las salidas transitorias (del Patronato de la Infancia) la habrían sometido familiares de la víctima", quien ya lleva 10 semanas de gestación.
La decisión de postergar el aborto por espacio de 48 horas (el plazo vencía anoche), por parte del Juez de Familia, Jorge Longás, fue adoptada luego de que un matrimonio se presentara ante el magistrado para solicitar la adopción de la criatura por nacer.
Según la legislación que existe en la Argentina el aborto es ilegal y la ley establece penas tanto para la mujer que se lo práctica como para quien realiza el procedimiento (artículos 85, 86, 87 y 88 del Código Penal).
No obstante, la misma ley establece dos causas de excepción a dichas penas: cuando el aborto se practica para "evitar un peligro para la vida o la salud" de la mujer o si el embarazo proviene de una violación de "una mujer idiota o demente" (artículo 86, incisos 1ro y 2do del Código Penal).
El caso del aborto a la chica bahiense violada, generó una encendida polémica en la ciudad de Bahía Blanca, y diversos especialistas en la materia y juristas se pronunciaron al respecto.
En ese sentido y poco antes de conocerse la decisión judicial que autoriza el aborto terapéutico, el reconocido especialista en derecho de Familia, Osvaldo Ortemberg, se mostró "indignado" por la decisión del juez de Familia, Jorge Longas, de suspender el aborto de la chica violada.
"La joven está encuadrada en la situación en donde el aborto está autorizado por ley y no requiere de autorización judicial para que el médico realice la operación", le dijo a LU2 Radio Bahía Blanca.
Luego opinó que "si la convicción religiosa" de un magistrado "le impide aplicar la ley civil se tiene que decidir: O es juez de un tribunal religioso o es juez de la Nación. Si es juez de la Nación, tiene que aplicar la ley de la Nación", aseveró.
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