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AMPLIARLos bancos no hicieron comentarios; Vale informó que desconocía el proceso

Bancos de EEUU financiaron las riesgosas represas de Vale

La ciudad de Ouro Preto (MG) presentó una demanda en Estados Unidos, en su nombre y en representación de otros seis municipios de Minas Gerais. Los objetivos son los bancos Merrill Lynch, Barclays Capital, Citibank y JP Morgan. Son identificados como financiadores de emprendimientos riesgosos por parte de Vale, minera involucrada en las tragedias ocurridas en Brumadinho (MG) el 25 de enero de 2019, y en Mariana (MG) el 5 de noviembre de 2015. Se adjuntó un estudio que indica para préstamos concedidos desde 2011, por un total de 17.200 millones de dólares.

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La tragedia de Mariana cumple ocho años este domingo (5) y Agência Brasil publicará una serie de reportajes sobre el tema. 

Las instituciones financieras son acusadas de lucrar con las operaciones de la empresa minera y de no preocuparse por el daño causado a las comunidades. “Vale no tenía los recursos financieros para perpetuar su estrategia sistémica de diezmar el medio ambiente dentro de los límites municipales”, dice la acción. Los bancos también son identificados como importantes inversores en la empresa minera. De esta manera, se beneficiarían de los intereses de los préstamos y también del aumento del valor de las acciones de Vale. Además, la financiación se habría mantenido e incluso aumentado incluso después de las tragedias ocurridas.

El caso comenzó en septiembre en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Agência  Brasil  tuvo acceso de primera mano al reclamo presentado. Representada por la oficina Milberg, la alcaldía de Ouro Preto informa al tribunal que también habla en nombre de las alcaldías de Barão de Cocais, Itabira, Itabirito, Mariana, Nova Lima y São Gonçalo do Rio Baixo.

La acción narra que, en los últimos años, se han cerrado presas inseguras y las poblaciones que viven en las zonas circundantes han comenzado a convivir con sirenas que advierten del riesgo de colapso, siendo algunas comunidades evacuadas. Las consecuencias económicas de esta situación se enumeran: carga adicional para los municipios en el apoyo a los afectados, devaluación de las propiedades y aumento del gasto en salud, seguridad pública y otros servicios sociales.

"Los municipios se enfrentan a una pérdida tangible de ingresos. Los ingresos por impuestos sobre las ventas, una parte importante de su fortaleza financiera, han disminuido a medida que la economía local se desmorona", añade la demanda.

También se mencionan los daños al patrimonio físico y cultural, los daños al medio ambiente y a la calidad de vida y los daños soportados por los residentes. El municipio afirma que la presión sobre la población genera un costo físico, financiero y emocional.

"La amenaza de roturas de presas, evacuaciones frecuentes y cierres de carreteras han afectado su capacidad de sustentarse, provocando importantes pérdidas de ingresos".

La acción solicita al tribunal que tenga en cuenta la legislación brasileña, más específicamente la Ley Federal 6.938/1981, conocida como Ley de Política Ambiental Nacional. Al mismo tiempo, sostiene que Nueva York es el foro apropiado para discutir el tema, considerando que los bancos no se someten a la jurisdicción brasileña y que las pruebas de los préstamos se encuentran en la metrópoli estadounidense.

Las ciudades mencionadas en la acción están ubicadas en el llamado Cuadrángulo de Hierro, que concentró el mayor número de episodios de evacuación. Fueron el resultado de un minucioso examen realizado por los órganos de inspección tras la tragedia ocurrida en Brumadinho, en la que 270 personas perdieron la vida en la avalancha de residuos liberados en el derrumbe de una estructura de Vale.

En su momento también se aprobó una legislación que prohibía la existencia de presas construidas mediante elevación aguas arriba. Este método está asociado tanto a la tragedia de Brumadinho como al desastre ocurrido en Mariana con la ruptura de la estructura de Samarco, empresa minera cuyos accionistas son Vale y BHP Billiton. En el episodio, 19 personas perdieron la vida y poblaciones de decenas de ciudades de la cuenca del Río Doce fueron impactadas. La eliminación de las presas construidas aguas arriba se ha vuelto obligatoria. Vale, como la mayoría de las empresas mineras, aún no ha cumplido plenamente la legislación, lo que la llevó a firmar un contrato para pagar 251 millones de reales.

Corresponsabilidad

Según la ciudad de Ouro Preto, los préstamos a proyectos de Vale desde 2011 han generado degradación en el Cuadrángulo del Hierro y los bancos son corresponsables de los daños causados. Cita 21 represas de Vale clasificadas como de alto riesgo asociado, lo que significa que almacenan grandes volúmenes de relaves y tienen comunidades con actividades socioeconómicas en los alrededores.

También señala que algunas de estas estructuras no están certificadas como estables o han generado en algún momento preocupaciones relacionadas con la estabilidad. Dos veces al año, las empresas mineras deben demostrar ante la Agencia Nacional de Minería (ANM) la seguridad de sus represas. En la última campaña, que tuvo lugar el mes pasado, 25 estructuras ubicadas en Minas Gerais fueron embargadas por falta de certificado de estabilidad. Tres se encuentran en nivel de emergencia 3, el último de la escala ANM e indica riesgo inminente de ruptura. Dos de estas tres son de Vale: la represa Sul Superior, en Barão de Cocais, y la represa Forquilha III, en Ouro Preto.

Según la ciudad de Ouro Preto, los bancos no pueden afirmar que desconocían los riesgos de los proyectos y tenían el poder de forzar un cambio de comportamiento en Vale, pero no hicieron nada y continuaron concediendo préstamos incondicionalmente. La acción también apunta a una violación de los Principios del Ecuador, creados en 2002 por la Corporación Financiera Internacional (CFI). Establecen pautas para que las instituciones financieras tomen decisiones responsables basadas en la identificación y evaluación de los riesgos ambientales y sociales de los proyectos a apoyar. "Los demandados utilizaron una fachada de adhesión a los Principios del Ecuador para crear una imagen deliberadamente falsa para sus inversores en los Estados Unidos", registra la demanda.

Fuente; Agência Brasil