Ayer Antonio Domingo Bussi en el Country de Yerba Buena, donde cumple prisión domiciliaria, no emitió declaraciones sobre las detenciones ilegales, privación ilegitima de la libertad y torturas que se cometieron contra 30 víctimas en el penal de Villa Urquiza, durante el último gobierno de facto.
Se lo acusa de 30 detenciones ilegales.
En la mañana de ayer el juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas se trasladó al Country Jockey Club, donde Bussi reside, para leerle las imputaciones en su contra por la causa de 30 detenidos en el penal de Villa Urquiza. Todos sindicalistas y políticos pernonistas que ocuparon cargos públicos en el gobierno de Amado Juri.
Cuando Bejas le preguntó por las detenciones ilegales, privación ilegítima de la libertad, torturas y apremios ilegales que se cometieron contra 30 víctimas, el entonces jefe de la V Brigada del Ejército e interventor militar de la provincia se abstuvo a declarar.
Durante las dos horas que duró el encuentro, Bussi estuvo acompañado por la defensora pública oficial Amlina Assaf. Por su parte el juez llegó al country cerca de las 10 junto al prosecretario del Juzgado, Javier Remis, y una ambulancia del Siprosa.
Las victimas de la causa Villa Urquiza en su mayoría fueron detenidas y luego liberadas. Sin embargo existen denuncias de homicidios y desapariciones. Durante el gobierno de facto funcionó en ese penal el principal centro clandestino de detención y el llamado “pabellón de la muerte”
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