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AMPLIARVerificarán si las medidas requeridas fueron efectivamente adoptadas por Brasil

Representantes de la Corte Interamericana visitarán TI Yanomami

Representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos iniciaron ayer, en Boa Vista (RR), una visita de cinco días a Brasil. Parte de la delegación irá a la Tierra Indígena Yanomami, en misión oficial, para comprobar las medidas que el Estado brasileño viene implementando para proteger la vida y la salud de los yanomami, así como la integridad del territorio indígena.

Sigue.

Hasta mañana miércoles, la vicepresidenta del tribunal encargado de velar por los derechos humanos en el continente americano, la jueza Nancy Hernández López, y el juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot visitarán comunidades y se reunirán con representantes indígenas y organismos públicos. Acompañado por el secretario del tribunal, Pablo Saavedra Alessandri, y la abogada Rita Lamy, el grupo pretende verificar si Brasil ha adoptado las medidas provisionales que el tribunal exigió en julio de 2022.

Las medidas provisionales de la llamada Corte Interamericana son obligatorias y se dictan en casos que el tribunal considera de extrema gravedad, requiriendo la adopción inmediata de medidas para evitar daños irreparables a personas o grupos amenazados.

Entre las ocho medidas estaba la exigencia de que el Estado “proteja efectivamente la vida, la integridad personal, la salud y el acceso a alimentos y agua potable de los miembros de los pueblos indígenas Yanomami, Ye'kwana y Munduruku” y “prevenga la explotación y violencia sexual”. contra mujeres y niños” de las tres etnias.

La imposición de las medidas respondió a una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), responsable de promover la defensa de los derechos humanos en el continente.

En mayo de 2022, la comisión volvió a expresar su “profunda preocupación por la situación de violencia sistémica que sufre el pueblo yanomami” y pidió a los miembros del tribunal que ordenen al gobierno brasileño cumplir con medidas para proteger la vida, la integridad personal y la salud no sólo de los yanomami, sino también de miembros de los pueblos ye'kwana y munduruku.

En la carta que presentó ante el tribunal, la comisión sostiene que, durante el último año, ha habido un aumento de la minería ilegal en la TI yanomami, así como ataques y amenazas de muerte contra indígenas que viven en la zona y que fueron objeto de a la “falta de atención médica” y las consecuencias de la contaminación ambiental.

Oficializado en 1992, el territorio exclusivo yanomami cubre una extensa área de Roraima, así como parte del estado de Amazonas, totalizando alrededor de 9,6 millones de hectáreas (cada hectárea corresponde aproximadamente a las medidas de un campo de fútbol oficial). En la reserva viven alrededor de 30.400 indígenas.

Crisis humanitaria

Blanco de los ataques de mineros y madereros durante décadas, la Tierra Indígena Yanomami fue escenario de una reciente crisis humanitaria que, en enero de este año, motivó al Ministerio de Salud a declarar una Emergencia de Salud Pública de Importancia Nacional.

Publicada en los primeros días de la actual administración federal, la iniciativa fue una respuesta al revuelo generado por las imágenes de niños y adultos yanomami desnutridos y la información de que cientos de niños indígenas murieron, dentro de la reserva, por desnutrición y otras causas evitables. . Con la medida, los organismos públicos lanzaron una megaoperación para “combatir la falta de atención sanitaria” de los yanomami.

En enero de este año, el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía publicó un informe preliminar que muestra que la administración anterior ignoró las recomendaciones de organismos internacionales sobre la situación del pueblo yanomami, dejando a las comunidades sin asistencia.

Audiencias

Luego de visitar el territorio indígena, representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos promoverán las llamadas audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencia, que se llevarán a cabo de manera privada, los días 26 y 27 de octubre. No se anunció el lugar de las audiencias.

En sus fallos, la corte establece las medidas que cada país miembro debe adoptar para reparar violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y proteger a las víctimas de estas violaciones. Es la propia Convención Americana la que establece la obligación de los países de implementar los requerimientos de la corte, bajo pena de cometer un crimen internacional. En las audiencias de supervisión, los representantes judiciales verifican el cumplimiento de las medidas.

En las audiencias participan el presidente del tribunal, juez Ricardo Pérez Manrique; la directora de la Unidad de Supervisión de Cumplimiento de Pena, Gabriela Pacheco Arias; y la abogada Agostina Cichero.

Se analizarán casos en los que el tribunal ya condenó a Brasil: el asesinato del periodista Vladimir Herzog, en la sede del Departamento de Operaciones de Información – Centro de Operaciones de Defensa Interna (DOI-Codi), del Ejército, en São Paulo, en 1975 ; la explosión de la Fábrica de Fuegos Artificiales de Santo Antônio de Jesus (BA), en 1998, en la que murieron al menos 60 personas, entre ellas 20 niños o adolescentes; y los asesinatos de 26 vecinos de la favela Nova Brasília, en el Complexo do Alemão, en Río de Janeiro, en dos operaciones policiales llevadas a cabo entre 1994 y 1995. Seis de estas víctimas eran menores de 18 años. Además, al menos tres mujeres sufrieron violencia sexual durante la acción.