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AMPLIARLos chicos son los más desprotegidos

El NOA-NEA y GBA albergan la mayor cantidad de pobres

Así lo demuestra la reciente medición oficial, analizada por IDESA. La pobreza sigue siendo muy grave en determinados segmentos de la población. Esto se produce luego de seis años de continuo crecimiento a tasas muy altas en el marco de condiciones externas excepcionalmente favorables demuestra que los problemas sociales, no se resuelven espontáneamente a través del efecto derrame.

En el Gran Buenos Aires, el NOA y el NEA viven 3 millones de pobres urbanos. Esto representa el 63% del total de personas pobres.

El INDEC dio a conocer una nueva medición de la pobreza. Según el órgano oficial, en el primer semestre del 2008 la pobreza habría llegado al 17,8% de la población urbana. Esto representa una mejora del principal indicador socioeconómico del orden de los 9 puntos porcentuales respecto de la última medición confiable que fue la del segundo semestre del 2006 cuando se estimaba que la pobreza afectaba al 26,9% de la población urbana. La cifra ha sido motivo de polémicas y rechazos en la opinión pública debido a que el organismo estadístico oficial –el INDEC– arrastra una seria crisis de credibilidad.

A pesar de estas severas limitaciones, los datos oficiales ponen en evidencia que la pobreza tiende a concentrarse en determinados segmentos de la población. Por ejemplo, según los datos del INDEC, el 17,8% de pobreza urbana representa 4,3 millones de personas pobres y se distribuye geográficamente de la siguiente forma:

En la Ciudad de Buenos Aires y la región patagónica viven 300 mil pobres urbanos. Esto representa el 8% del total de personas pobres.

En la región pampeana y Cuyo viven aproximadamente 1 millón de pobres urbanos. Esto representa el 29% del total de personas pobres.

En el Gran Buenos Aires, el NOA y el NEA viven 3 millones de pobres urbanos. Esto representa el 63% del total de personas pobres.

Aun cuando medien las manipulaciones en el INDEC, los datos dejan claro que la marginalidad social no es un fenómeno que afecte de manera homogénea a toda la población. Por el contrario, si bien el problema se presenta en todo país, es particularmente intenso en las zonas donde prevalece la insuficiente calificación de la mano de obra, la falta de infraestructura económica y social, y donde las normas laborales e impositivas son mucho más abrumadoras precisamente porque abundan las pequeñas empresas.

Luego de seis años de inédito crecimiento económico a razón de casi 9% anual, en la Ciudad de Buenos Aires y la Patagonia el empleo creció entre el 2003 y el 2008 en un 25% y la tasa de empleo en el 2008 se ubica en el 49%. En sentido parecido, en la región centro, comprendida por la zona pampeana y Cuyo, el empleo creció en el mismo período un 22% y la tasa de empleo se ubica en el 2008 en el 42%. Por el contrario, cuando se toma el Gran Buenos Aires y las ciudades del norte argentino aparece que la recuperación del empleo es más moderada, –lo hizo sólo en un 18%–, y la tasa de empleo se ubica en apenas un 40%. Las evidencias son contundentes. En los lugares donde más rezagado ha sido el crecimiento del empleo y donde más bajos son los niveles de empleo son donde la pobreza se presenta con mayor intensidad y más difícil es erradicarla.

Una estrategia que actúe en forma agresiva sobre las realidades que prevalecen en estas regiones tendría un alto impacto social. Estas regiones se caracterizan por la masividad de pequeños emprendimientos productivos, en su mayoría con menos de 5 trabajadores, que  emplean en condiciones de informalidad a personas de muy baja calificación. Esto demanda abordar transformaciones integrales y profundas tendientes a dar racionalidad y simplicidad a los requerimientos administrativos, impositivos y regulatorios que se le exige a las empresas privadas para poder actuar en la formalidad y un cambio de reglas profundo en el sistema educativo y de formación laboral para formar capacidades productivas en la población con edad de trabajar. También es clave que las provincias y los municipios cuenten con recursos y asuman con convencimiento el compromiso de encarar un plan ambicioso de desarrollo de infraestructura económico y social.

Considerando que estas transformaciones son políticamente complejas y que es urgente atenuar el problema que afecta con mayor intensidad a las pequeñas empresas y a las personas con escasos niveles de educación, un primer paso es avanzar, al menos, con un régimen especial para las microempresas. Entre los puntos claves que debería contemplar este régimen hay que considerar una simplificación impositiva integral fusionando todos los impuestos de las tres jurisdicciones (nacional, provincial y municipal) en un solo impuesto administrado por el nivel de gobierno municipal, la incorporación de mínimos no imponibles para el pago de las cargas sociales y la descentralización de la negociación colectiva para que sean sensibles a la variedad de realidades que se presentan en el interior del país.