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AMPLIAREl sitio es equivalente al tamaño de 118 campos de fútbol

Minería ilegal arrasa un área de 118 hectáreas en Rondônia y Amazonas

Agentes de la Policía Federal (PF), con funcionarios del Instituto Chico Mendes para la Preservación de la Biodiversidad (ICMBio), desmantelaron una estructura para la extracción ilegal de casiterita en una región fronteriza con los estados de Rondônia y Amazonas. En el sitio se encontró un área de devastación de 118 hectáreas, equivalente al tamaño de 118 canchas de fútbol.

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El delegado de la Superintendencia de la Policía Federal en Rondônia, Thiago Peixe, explicó que el lugar fue localizado a través del sistema de monitoreo satelital, asociado a las denuncias de la población local. “Es una región alejada tanto de las unidades policiales de Rondônia como de Amazonas, una especie de área gris, donde solo podemos llegar con la ayuda de aviones”, dice sobre los dos equipos puestos a disposición por el ICMBio.

Según el delegado, con el acercamiento de la aeronave al lugar, los garimpeiros huyeron y se escondieron en el bosque para evitar el hecho. La minería ilegal operaba en un área del Parque Nacional Campos Amazônicos y el Territorio Indígena de los Terterim Marmelos.

El operativo, denominado Retomada por la PF, involucró a 20 policías federales, además de ocho empleados del ICMBio, que trabajaron en la región entre el 29 de junio y el 2 de julio. En el sitio se identificó la extracción ilegal de casiterita, de donde se extrae el estaño.

Según Thiago Peixe, este tipo de minería ilegal provoca graves daños ambientales. Además de la deforestación, también existe el riesgo de contaminación por combustibles y sustancias tóxicas utilizadas en el recolector, equipo que separa el mineral de la tierra. “En la región hay ríos de menor caudal que desembocan en ríos más grandes y los pozos excavados en la minería representan un riesgo de contaminación del manto freático”, explica.

En la estructura utilizada por los mineros había diez áreas de campamento, donde se encontraron dos excavadoras hidráulicas, 11 motores de dragado, cuatro generadores de energía eléctrica, ocho vehículos, entre motocicletas y camiones. Toda la estructura fue destruida por la policía, que estima una pérdida de BRL 8 millones para la organización criminal.