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Gobierno acusa a Fernández por torturas, desaparición forzada y vejaciones

La Paz, 25 sep (ABI).- El Gobierno presentó este jueves ante la Fiscalía otra acusación contra el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y funcionarios de la prefectura, por los delitos de desaparición forzada, tentativa de asesinato, vejaciones, torturas, privación de libertad y coacción, en la masacre de Porvenir.

La acusación fue presentada por la ministra de Justicia, Celima Torrico, junto a su director jurídico, Iván Morales, responsabilizando de la autoría de estos delitos a Fernández, dirigentes cívicos, funcionarios de la prefectura y matones (sicarios) a sueldo que están ocultando el paradero de 24 campesinos.

Torrico manifestó que el principal responsable (Fernández) se delató a través de una orden transmitida por los medios de comunicación del 11 de septiembre a las 18.52 en la Plaza de Cobija, en la que ordenó el repliegue señalando textualmente: "Basta con lo que ocurrió, vamos, retirémonos, démosle un poco de tranquilidad a la gente que está en zozobra".

Dijo que ello demuestra textualmente que es autor intelectual de la masacre de Porvenir, además de que funcionarios de la Prefectura, del Servicio Departamental de Camino y su maquinaria fueron los que orgánicamente participaron directamente en el hecho criminal cavando zanjas que impidieron el paso de los vehículos que transportaban campesinos.

Agregó que los autores materiales de la emboscada a los campesinos, normalistas, mujeres y niños son:

El director del Sedcam, Julio Villalobos, alias "Julito"; el motorista del Sedcam, Rafael Segovia, alias "Fito"; Walter Abed, alias "Bolón"; Douglas Domínguez, alias "Mago; "El Cartucho", el director de Desarrollo Forestal, Pedro Gómez Montero; director de Desarrollo Forestal, José Luis Forero; director de la Unidad de Tierras Prefecturales, Gary Bond Voek; el chofer del Sedcam, alias el "Oso"; el secretario de Asuntos Campesinos de la Prefectura, Javier Vaca; el técnico de la Prefectura, Alan Davias Jiménez; director Agroforestal, Edgar Manú; y los consejeros departamentales, William Mazuko y Agapito Vira.

Agregó que todas estas personas fueron identificadas en la masacre de Porvenir y ligan indiscutiblemente con el autor intelectual, Leopoldo Fernández Ferreira.

En el memorial, el Ministerio de Justicia explica que el 11 de septiembre cerca del medio día, los paramilitares y matones a sueldo (sicarios) con el apoyo de la Prefectura de Pando dispararon causando muertes y heridos.

A los heridos los detuvieron y junto con los muertos los subieron a volquetas de la Prefectura para posteriormente llevarlos con destino desconocido, por lo que hasta la fecha los autores ocultan el paradero de por lo menos 24 personas.

Los paramilitares prepararon la emboscada en los alrededores de Porvenir y dispararon a quema ropa contra la delegación campesina que se dirigía al ampliado convocado por la Federación Departamental de Campesinos de Pando, siendo las víctimas entre 1.000 y 1.500 personas, entre zafreros y colonizadores, incluyendo a esposas y niños.

La Ministra de Justicia señaló que la acción criminal de los paramilitares causó lesiones gravísimas, graves y leves con armas de fuego, armas blancas y palos a un número de 41 campesinos.

Dejó en claro que el Ministerio Público debe investigar los delitos denunciados hasta llegar a la sanción de los autores, cuyo principal responsable es el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.

Manifestó que la justicia boliviana tiene la oportunidad de demostrar ante la sociedad su lucha contra la impunidad y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de este hecho criminal.

Recordó que el día del suceso un grupo de 15 personas (campesinos que estaban ocultos) fue descubierto por los paramilitares y tomados como rehenes, coaccionados y trasladados desde Porvenir a Cobija a las instalaciones de la sede del Comité Cívico, en donde fueron vejados y torturados, para luego depositarlos en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

La ministra Torrico aclaró que estas personas fueron liberadas por una acción realizada por la Defensa Pública y funcionarios del Ministerio de Justicia el pasado18 de septiembre.
Dea/Pta              ABI