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AMPLIAREmbajador junto a Morales

Embajador boliviano apunta a facilitadores de armas a Áñez como promotores de una constitución violatoria en Jujuy

El embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, acusó este martes al gobernador Gerardo Morales, y al exdiplomático, Normando Álvarez, quienes contrabandearon armas para el régimen de facto de Jeanine Áñez en 2019, como los promotores de una constitución violatoria de los derechos de la población y que provocó una jornada violenta en la provincia de Jujuy, del vecino país.

 “Jujuy, el reino de la impunidad. Gerardo Morales y Normando Álvarez García, contrabandearon armas a Bolivia; mandaron militares disfrazados de bomberos, y ahora promueven una constitución violando los derechos de la población ¿Hasta cuándo Morales?”, escribió Basteiro en su cuenta de Twitter.

Gerardo Morales, gobernador jujeño de extracción radical, promovió la reforma de la Carta Magna local sin la participación de varios sectores de Jujuy.

Su propuesta establece prohibiciones en el marco de las protestas en las calles, limitantes al manejo de los recursos naturales y las tierras fiscales, además de regular las relaciones con las comunidades indígenas.

Pese a la oposición de varios sectores de la población jujeña, que se movilizó hasta los alrededores de la legislatura provincial, promoviendo su reforma, el gobernador la puso en vigencia y para contener las protestas ordenó una represión con balas de goma y gas lacrimógeno.

Tal fue la violencia que se registró, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las acciones que se llevan a cabo para disolver a las protestas en Jujuy “una de las provincias con mayor población indígena autoreconocida”.

“La CIDH llama al Estado a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”, se lee en un comunicado emitido por el organismo.

Ante el comunicado, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reprochó al gobernador jujeño por su accionar y le demandó comprender el texto que emitió la CIDH.

Gerardo Morales fue denunciado en junio de 2021 por el presunto contrabando de armamento a Bolivia, en el contexto del golpe de Estado a Evo Morales, ocurrido en noviembre de 2019.

El Frente Milagro Sala presentó la acusación penal en contra del gobernador Morales y también en contra del exembajador en La Paz y actual ministro jujeño, Normando Álvarez García.

La demanda tiene sustento en la documentación encontrada que dio cuenta de cómo el gobierno de Juntos por el Cambio, de Mauricio Macri, había contrabandeado armamento que, efectivamente, llegó a manos de policías y de la Fuerza Aérea de Bolivia.

En Bolivia, la investigación avanzó. Se sentó en los tribunales al entonces comandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gonzalo Terceros Lara, que había agradecido al embajador argentino Normando Álvarez García por las 70.000 municiones recibidas. Luego se interrogó a militares de menor rango involucrados y al personal diplomático boliviano que estuvo al tanto de esos hechos.

De hecho, hubo un primer condenado. Se trata de Renzo Pedro Arteaga Fernández, un exfuncionario de la Cancillería boliviana que aceptó su culpabilidad en un juicio abreviado y recibió una pena de tres años de prisión.

Sin embargo, en Argentina ocurrió todo lo contrario. “A pesar de tener capacidad de convocar a los funcionarios del Gobierno del expresidente Mauricio Macri”, los jueces de Comodoro Py “cortaron el hilo por lo más fino y solo llamaron a declarar a los gendarmes que acudieron a resguardar la embajada argentina en Bolivia", indicó Basteiro en enero de este año a Página 12.