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Bolivia: los campesinos levantaron el cerco pero seguirán bloqueando el acceso a Santa Cruz

Unos 50.000 campesinos afines al gobierno de Bolivia que cercan Santa Cruz suspendieron esa medida de fuerza, pero permanecen en cuatro puntos de bloqueo, como presión para que los tres prefectos (gobernadores) opositores firmen el acuerdo al que los instó el presidente Evo Morales.

Las bases de ese acuerdo para convocar a un referendo sobre la nueva Constitución que incorporaría las autonomías departamentales (provinciales) fueron definidas en la primera ronda de debate que concluyó el domingo, pero a último momento los tres líderes opositores rechazaron firmarlo.

En respuesta, los movimientos sociales afines al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) reforzaron el cerco sobre la ciudad de Santa Cruz, gobernada por el prefecto opositor Rubén Costas, y amenazaron con marchar a su plaza central y reocupar las instituciones estatales tomadas, saqueadas y aún no devueltas al Estado nacional.

Pero el lunes por la noche, cuando se temía el resurgimiento de la violencia, los representantes de las organizaciones sociales que integran el Consejo Nacional para el Cambio (Conalcam) resolvieron levantar temporalmente el cerco a Santa Cruz, ciudad que mantuvieron bloqueada por más de una semana.

El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia y presidente del Conalcam, Fidel Surco, señaló al diario digital Erbol que la decisión fue asumida "a sugerencia del Presidente" Morales y que esta noche será ratificada en cuatro cabildos simultáneos por entre 30.000 y 50.000 campesinos, según estimaciones de la prensa local.

La frágil tregua se mantendrá hasta el fin de semana, cuando se realizará un nuevo ampliado en Cochabamba, donde evaluarán el avance del diálogo nacional y decidirán las futuras acciones si persiste la negativa de los prefectos opositores de Tarija, Mario Cossío; Costas, de Santa Cruz y Ernesto Suárez, del Beni, a firmar un acuerdo con el presidente Morales.

Por otra parte, las Fuerzas Armadas de Bolivia rechazaron patrullar Santa Cruz para frenar a los campesinos que marchaban hasta anoche hacia esa ciudad armados de hondas, machetes, cartuchos de dinamita y algunos fusiles.

"Ellos pueden manifestarse y marchar mientras no hagan daño a nadie", afirmó el comandante de la Octava División del Ejército, general Marco Antonio Bracamonte, citado por un corresponsal de la agencia mexicana Notimex.

De este modo, el militar desestimó el pedido de las autoridades de Santa Cruz, encabezadas por el prefecto Costas, de desarmar a los campesinos y mineros afines al gobierno, un intento en el que anoche fracasaron 60 fiscales cruceños obligados a huir a pedradas por los manifestantes, sin que hubiera lesionados.

El diputado del opositor partido Poder Democrático y Social (Podemos), Walter Arrázola, presentó ante la policía cruceña un recurso en el que afirmó, citado por el diario paceño La Razón, que "si las milicias armadas ingresan a Santa Cruz, el pueblo tiene la libertad de armarse para defender su vida".

Por otra parte, el secretario ejecutivo de la Federación de Colonizadores del Beni, Adrian Lobera, amenazó con ocupar la Prefectura de ese departamento si su titular, Ernesto Suárez, intenta desbloquear la ruta en San Julián.

"Ayer nos indicaron que el prefecto quiere romper con su gente el bloqueo en San Julián, en caso de que lo intente, inmediatamente tomaremos la prefectura de Trinidad (capital del Beni) en coordinación con los compañeros de Riberalta, Yucumu y los campesinos de todo el Beni", dijo Lobera, citado por Erbol.

Mientras, en Sucre, sindicalistas, miembros de juntas vecinales y de la Federación de Trabajadores de los Pueblos Originarios de Chuquisaca, resolvieron tomar la Fiscalía General y exigir la renuncia de su titular, Mario Uribe, porque tomó partido por el detenido prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, acusado de asesinato por la masacre del 11 de septiembre.

En tanto, centenares de personas de la tercera edad cercaron la cárcel de San Pedro, en La Paz, para impedir el traslado a Sucre de Fernández, que ordenó un juez y rechazó el gobierno en virtud del estado de sitio, informó la agencia ABI.

Fernández, quien reconoció haber ordenado frenar una movilización en defensa del presidente Morales que marchaba hacia Cobija, capital de Pando, es acusado por la muerte de al menos 18 personas, uno de ellos un niño de dos años, y la mayoría campesinos, así como de más de 100 desaparecidos.

Por su parte, el jefe de la bancada de senadores del opositor partido Poder Democrático y Social (Podemos), Roger Pinto, denunció este martes que el nuevo prefecto interino de Pando, contraalmirante Rafael Bandeiras Arze, vulneró las libertades constitucionales y los derechos humanos en ese departamento.

"Pando está sufriendo las consecuencias de un totalitarismo, que impuso la ejecución de un plan de presión para escarmiento de otras regiones. El gobierno nos lleva a una confrontación mucho más difícil, que vamos a lamentar", dijo el legislador, citado por el porta paceño Ultimas Noticias.