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Camacho es atendido por personal médico
Camara fotoAMPLIARCamacho es atendido por personal médico
29/12/2022 - Golpe I

Camacho podría quedar preso por 6 meses según la Justicia de Bolivia

Ayer por la tarde empezó la audiencia de medidas cautelares del gobernador Luis Fernando Camacho, quien fue imputado por el delito de terrorismo, en el marco del caso Golpe de Estado I. La Fiscalía pidió seis meses de detención preventiva en el penal de Chonchocoro.

Sigue.

El Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal de La Paz instaló a las 17.45 de ayer jueves la audiencia cautelar del excívico Luis Fernando Camacho en el marco de la investigación que se realiza en su contra por el caso Golpe de Estado I.

El Juzgado inició con el control de asistencia de las partes procesales en este caso, en el que se definirá la situación procesal del expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, acusado por el delito de terrorismo.

Camacho fue aprehendido la tarde del miércoles en la capital cruceña y fue trasladado a la Sede de Gobierno en La Paz, donde fue trasladado hasta instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y decidió a cogerse a su derecho constitucional de guardar silencio.

Durante esta madrugada, la comisión de fiscales presentó la acusación formal en contra de Camacho y pide su detención preventiva por el lapso de seis meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado en el municipio altiplánico de Viacha.

La Fiscalía fundamentará los 34 elementos de convicción para la ampliación de su imputación formal en el caso Golpe de Estado I.

Estos elementos fueron colectados en la etapa preliminar de las investigaciones, entre los que están varios antecedentes de los hechos de 2019, cuando se registró “una ruptura del orden constitucional”.

De acuerdo con la imputación formal existe probabilidad de autoría, existencia de riesgos procesales como el peligro de fuga y obstaculización en la investigación; además de la “necesidad y utilidad de aplicación de la medida extrema”.

Caso Golpe de Estado I

Este caso se inició a denuncia de la exdiputada Lidia Patty, quien interpuso la acusación a finales del 2020. En el proceso penal figuran la exsenadora Jeanine Áñez y los políticos que allanaron el camino ilegal en noviembre de 2019, entre ellos Camacho y su padre.

El cruceño es investigado por el delito de terrorismo debido a su participación activa en los hechos de noviembre del 2019 que derivaron en una ruptura constitucional.

Su declaración informativa fue suspendida en dos oportunidades, la primera fue en septiembre de 2021, en La Paz, porque su padre no llegó hasta la Sede de Gobierno a brindar su declaración, argumentando motivos de salud y el Ministerio Público suspendió la declaración del excívico.

El 11 de julio de este año, una comisión de fiscales se trasladó hasta Santa Cruz para tomar las declaraciones de Camacho y su padre José Luis Parada, este último se acogió a su derecho a guardar silencio. Más tarde los fiscales determinaron suspender la toma de declaración del excívico ante presuntas amenazas de muerte. Fue hasta el 25 de octubre que se anunció la reactivación de este caso.

Expresidente del Comité cívico Pro Santa Cruz

El cruceño reveló -en un video que circuló en redes sociales- que su padre, José Luis Camacho, coordinó con militares y policías para que dejen desprotegido al Gobierno de ese entonces.

“Fue mi padre quien cerró (el trato) con los militares, para que no salgan (a las calles) (Con) la Policía, de la misma manera fue mi padre. Cuando pudimos consolidar que ambos (militares y policías) no iban a salir (a las calles), fue que dimos (el plazo de) las 48 horas, porque sabíamos que ya podía de Santa Cruz, trasladarse a La Paz (...). Ese fue el momento más duro que pasamos”, explicaba Camacho a sus seguidores.

Con esas palabras el expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz explicó las razones por las que se aventuró a dar al expresidente Evo Morales el plazo de 48 horas para dejar el poder en noviembre de 2019. 

En este caso se investiga, principalmente, a seis personas: la expresidenta transitoria Jeanine Áñez; los exministros Arturo Carlos Murillo Prijic, Yerko Martín Núñez Negrette y Luis Fernando López; además de Luis Fernando Camacho Vaca y su padre, José Luis Camacho Parada.

La exmandataria guarda detención preventiva desde 2021 en espera del respectivo juicio, que deberá ventilarse por la vía ordinaria. 

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, responsabilizó a Luis Fernando Camacho, al cívico Rómulo Calvo, al rector y vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar y Reinerio Vargas, respectivamente, por la quema y saqueo de su domicilio.

“Todo lo que vaya a suceder a mi familia, a mi persona y a mis pertenencias será absoluta responsabilidad del señor Camacho, del señor Calvo, del señor Cuéllar y del señor Reinerio y de la Unión Juvenil Cruceñista”, afirmó Montaño en conferencia de prensa.

Tras la detención de Camacho por el caso Golpe de Estado I, el miércoles, un grupo de personas quemaron y saquearon la vivienda del ministro de Obras Públicas en la ciudad de Santa Cruz.

“Pusieron en riesgo a mi familia, estaba mi esposa, mis hijos y mis mascotas”, dijo el ministro cruceño y relató que quienes quemaron su casa convocaron a más gente para proceder al saqueo de sus bienes.

“Se han llevado algunos recuerdos de los logros de mi vida, joyas que representan hitos de mi vida profesional, no respetaron absolutamente nada”, indicó.

Informó que se llevaron juguetes que debían ser entregados a niños el próximo 6 de enero, día de Reyes, y regalos para las señoras de barrios cruceños.

Montaño presentó la denuncia formal contra los autores de la quema de su domicilio por los delitos de atentado contra el presidente y otros dignatarios de Estado, artículo 130 de la Constitución Política del Estado, instigación pública a delinquir, artículo 132 del Código Penal, asociación delictuosa artículo 293 del Código Penal, amenazas, incendios y otros estragos, artículo 206 del Código Penal.

“Tenemos nombres y apellidos, que felizmente mis vecinos me proporcionaron, tenemos videos, fotografías de las mujeres y de los jóvenes contratados para atentar contra mi familia e incendiar mi domicilio”, dijo.

La autoridad señaló que se identificó a dos personas quienes fueron apresadas anoche. Asimismo, se identificó la placa de un vehículo que se llevó pertenencias de Montaño.

La autoridad insistió que detrás de los autores de los hechos de violencia están quienes planificaron la quema de su domicilio: Camacho y los cívicos Calvo, Cuéllar y Vargas.

Los Cívicos organizan bloqueos y persecusiones

El radical Comité Cívico pro Santa Cruz, con respaldo de su brazo paramilitar la Unión Juvenil Cruceñista, convocó a desplegar la ilegal ocupación de entidades públicas, paralizar actividades e impedir el paso en las fronteras este viernes, en apoyo al imputado por terrorismo Luis Fernando Camacho.

La asamblea de los cívicos, transmitida en vivo en redes sociales y medios de prensa, deliberó entre hostilidad verbal de por medio contra el Gobierno nacional, Fiscalía del Estado y la Policía Boliviana por lo que considera “secuestro del gobernador”.

La capital de Santa Cruz comenzaba a reponerse del duro golpe a su economía paralizada de manera violenta por 36 días (octubre – noviembre), pero ahora deberá soportar un paro de 24 horas, con la incertidumbre si se será prolongada después. 

La conclusión de los cívicos dice: “Se declara paro cívico departamental a partir de las cero horas del día viernes, 30 de diciembre, respaldamos la determinación de llevar adelante el bloqueo de carreteras fronterizas, cerrando la posibilidad de ejecutar próximos secuestros”.


En contraposición, el secretario ejecutivo del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Santa Cruz, Armando Muñoz, afirmó a los medios de prensa que “nadie es dueño de Santa Cruz” y menos que dispongan la paralización de sus actividades “cuando quieran”.

El dirigente político instó a la población a defender su derecho a la libre locomoción, apoyar a los emprendedores que se vieron perjudicados con el último prolongado paro cívico, unirse y celebrar en paz la llegada del nuevo año.

En cambio, el Comité Cívico se tomó la atribución de “instruir a la ciudadanía a realizar un resguardo pacífico de las instituciones públicas ante posibles autoatentados”.

Tras que se conociera de manera oficial el traslado del aprehendido Camacho a La Paz, la Unión cruceñista fue denunciada por dirigir a grupos violentos en el intento de toma del Comando de la Policía, la consumación de la quema del edificio y vehículos de transporte de la Fiscalía, además de la quema de la casa del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, y ataques a los aeropuertos de Viru Viru y de El Trompillo, entre otras.

Los cívicos aseguraron que los hechos del miércoles fueron preparados con intencionalidad, a fin de justificar la aprehensión de Camacho y otras acciones de “persecución política”.

En la línea de su posición radical y separatista, los cívicos determinaron también “desconocer” la autoridad del comandante de la Policía de Santa Cruz, Jhonny Omar Chávez, por apoyar el traslado de Camacho a La Paz; y “ratifica el pedido de replantear la relación de Santa Cruz con el Estado boliviano”. 

Al respecto, el secretario ejecutivo del MAS aseguró que la Policía actuó en la aprehensión, cuando Camacho pretendía fugar a la advertencia de “alto”; “es pues, obligación del Estado proceder en procesos judiciales en curso”. 


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