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AMPLIARMarcha preso el golpista instigador de la separación territorial

Justicia boliviana ordenó la detención del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho

Fue aprehendido este miércoles en la capital cruceña, en atención a una orden fiscal y en el marco de la investigación por los hechos de violencia que derivaron en 2019 en un golpe de Estado y la toma del poder por parte de Jeanine Áñez. A días del gobierno de facto ocurrieron las masacres de Sacaba y Senkata.

Sigue.

Por vía aérea fue trasladado a La Paz. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó la aprehensión del también excívico y jefe de la opositora Creemos.

“Informamos al pueblo boliviano, que la Policía Boliviana dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra del señor Luis Fernando Camacho”, aseguró en la primera información sobre lo ocurrido.

Más tarde, el mismo Del Castillo posteó en su cuenta de Twitter una fotografía del acusado recibiendo atención médica.

“Desmentimos toda información sobre supuestas lesiones que se habrían causado al señor Camacho, e informamos que su salud es estable”, aseguró en el post.

El excívico permanecerá en oficinas policiales. Jorge Nina, abogado de la denunciante Lidia Patty, anunció que pedirá la detención preventiva del principal acusado por los hechos de violencia y muerte de 2019 al “existir probada autoría”.

Mientras que la Fiscalía General del Estado aseguró que Camacho fue aprehendido en el marco de una orden emitida por la Fiscalía Departamental de La Paz y descartó que se trate de un secuestro, como se denunció desde filas opositoras.

“La decisión fiscal no se trata de un secuestro o persecución política, por el contrario, fue emitida (la orden de aprehensión) en octubre de la presente gestión y cuenta con control jurisdiccional del Juez Décimo de Instrucción en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz”, se aclaró en un comunicado.

 Tras su aprehensión, Luis Fernando Camacho apareció sonriente en una fotografía recibiendo atención médica. Apoyado en esta imagen, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que Camacho no tiene ninguna lesión y su salud es estable.

“Comunicamos al pueblo boliviano que, tras la aprehensión de Luis Fernando Camacho, hemos instruido que se le realice la valoración médica correspondiente, respetando los derechos constitucionales y derechos humanos como lo hacemos con cualquier persona privada de libertad”, explicó Del Castillo.

Del Castillo informó en su cuenta en Twitter del estado de salud del excívico, acompañado de una fotografía en la que se ve a Camacho recibiendo atención médica.

“Desmentimos toda información sobre supuestas lesiones que se habrían causado al señor Camacho, e informamos que su salud es estable”, aseguró la autoridad.

Por aire fue trasladado desde Santa Cruz hasta El Alto. Con un fuerte resguardo policial fue llevado a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de esa ciudad a la espera de que brinde sus declaraciones.

La Fiscalía General del Estado aclaró este miércoles que Luis Fernando Camacho fue aprehendido en el marco de una orden emitida por la Fiscalía Departamental de La Paz y descartó que se trate de un secuestro, como se denunció desde filas opositoras.

“La decisión fiscal no se trata de un secuestro o persecución política, por el contrario, fue emitida (la orden de aprehensión) en octubre de la presente gestión y cuenta con control jurisdiccional del Juez Décimo de Instrucción en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz”, se aclaró en un comunicado.

El excívico fue aprehendido la tarde de ayer miércoles como parte de los actuados en el caso Golpe de Estado I, que tiene relación con los hechos de violencia de 2019 que acabó con un golpe de Estado y un gobierno de facto que provocó las masacres de Sacaba y Senkata.

Además, informó la Fiscalía que “el ciudadano Luis Fernando Camacho tiene pleno conocimiento de dicho proceso desde su inicio, en fecha 28 de noviembre de 2020, conforme dispone el ordenamiento jurídico boliviano”.

Insistió que, “en el marco de un debido proceso, las actuaciones cumplidas por la Policía Boliviana y el Ministerio Público se ajustan a lo previsto por el Art. 226 de la Ley N° 1970, respetando en todo momento los derechos y garantías constitucionales de los sujetos procesados, así como las normas procesales aplicables al caso”.