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AMPLIARAlcón pide que los cívicos cruceños se hagan cargo de la violencia durante el paro

Gobierno boliviano asegura que los cívicos de Santa Cruz no son perseguidos politicos

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, señaló ayer martes que los promotores del paro cívico en Santa Cruz no pueden alegar que existe una “persecución política” sólo para evadir responsabilidades por la violencia que se desencadenó durante los 36 días de paro en esa región del país.

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La autoridad instó a dejar que el Ministerio Público cumpla con las investigaciones para determinar si existe o no responsabilidad de acuerdo a las denuncias que presentaron diversas organizaciones.

“Creo que lo más fácil de mencionar cuando uno quiere evadir responsabilidades es señalar aquello, persecución política, y eso ya corresponderá en la instancia que tiene que hacer, estamos hablando de las denuncias que han sido presentadas ante el Ministerio Público, y bueno, el Ministerio Público deberá seguir con el trabajo (de investigación)", señaló la viceministra, en contacto con los medios de prensa en la presidencial Casa Grande del Pueblo.

Desde el 22 de octubre hasta el 26 de noviembre se impuso un paro cívico en la capital cruceña. Durante 36 días, se desencadenaron actos de violencia, con racismo y discriminación en contra de la población que se oponía a la medida radical.

Los bloqueos fueron impulsados por el gobernador Luis Fernando Camacho, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, el cívico Rómulo Calvo con su brazo operativo, la Unión Juvenil Cruceñista (UJC).

Los movilizados cerraron el paso a las ambulancias que transportaban pacientes, carros fúnebres, vehículos bomberos, personal médico que fue agredido verbal y físicamente. Además, se incurrieron en agresiones a mujeres ayoreas, la toma y saqueos de organizaciones sociales.

Ante esta situación, se formalizaron tres denuncias en contra de los promotores del paro y otros y la fiscalía general de Estado informó que se habían unificado los procesos en una sola investigación. Ahora los investigados argumentan que son "perseguidos políticos" por el inicio de esta investigación.

Ante este contexto, la viceministra de Comunicación señala que es necesaria una evaluación de las consecuencias del paro cívico que además de causar una pérdida de más de $us 1.200 millones, causaron daños en la sociedad.

Explicó que tras las denuncias presentadas corresponde que exista una investigación y que los denunciados se defiendan.

“Existieron vulneraciones de derechos humanos, como fue la agresión por parte de un subgobernador (de la provincia Ñuflo de Chávez) a mujeres ayoreas, actos vandálicos, tomas, saqueos, quemas de predios de organizaciones sociales. Si se presentan denuncias corresponde que las mismas sean investigadas y arrojen si hubo responsabilidades o no”, indicó.

DDHH descarta persecución

El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Edgar Salazar, aseveró que esta institución hizo seguimiento a las vulneraciones de derechos humanos durante los 36 días de paro cívico y que tiene un informe que será “contundente”.

“No se puede hablar de que se esté generando una `persecución política’, ya que se tiene claro que se cometieron varios delitos, hubo muertos, existe heridos, quema de organizaciones sociales y se vio un claro uso del discurso del odio hacia el que piensa diferente”, explicó.

Detalló que se trasmitirá toda esa información al Ministerio Público y a las autoridades judiciales para que la tomen en cuenta como un antecedente.