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Corredores viales: el Ombudsman nacional recomienda no prorrogar concesiones

Ante el vencimiento de la concesión por peaje de los Corredores Viales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que se producirá el próximo 31 de Octubre, el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, le recomendó al Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios "que se abstenga de prorrogar los contratos".

Le solicitó a la Presidencia de la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo que remita copia de su resolución a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de Privatizaciones .

Para que por su intermedio sea remitida a los restantes legisladores integrantes de la misma, para su análisis e intervención.

Las referidas concesiones fueron adjudicadas por el Estado por un plazo de 5 años "para la construcción, mejoras, reparación, conservación, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración y explotación", bajo el régimen de las leyes Nros. 17.250 y 23.696.

En los fundamentos de su recomendación Mondino sostiene que, tras la requisitoria efectuada al Organo de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI) "resultan evidentes los incumplimientos a los contratos de concesión" y que la información recibida en la Defensoría nacional "hace presumir que el Estado plantearía una prórroga a los actuales concesionarios".

La clara omisión de la Administración en la elaboración de los pliegos y, consecuentemente, el llamado a licitación para otorgar las concesiones de los referidos corredores viales "esboza un incumplimiento de los deberes de los funcionarios que tienen a su cargo dichas tareas, pues resulta inconcebible suponer que tales demoras obedecen únicamente a una mera negligencia en llevar a cabo las funciones que le son propias", sostiene Mondino.

Para el Ombudsman los hechos tienen lugar "en el marco de una total indiferencia hacia los intereses de los usuarios y del patrimonio nacional.
Esta situación objetiva está instalada como metodología en el manejo de la renegociación de los servicio públicos" como surge del Informe de Situación sobre la renegociación y el estado de los servicios públicos elaborado recientemente por la Defensoría nacional.

En el referido Informe Mondino señaló que en los últimos 6 años el proceso de renegociación resultó a todas luces inconstitucional a partir de la aprobación ficta de múltiples contratos: "Esa metodología es sostenida por el Gobierno nacional y en ese esquema el usuario es transformado en rehén, en tanto que los empresarios resultan ser cómplices a partir de su rol pasivo".

Un detalle de las multas aplicadas a los corredores viales, conforme información suministrada por el OCCOVI a la Defensoría, establece los siguientes montos:
Corredor N° 1 (Rutas al Sur SA): $ 404.324,70.
Corredor N° 2 (Autovía Oeste SA) : $ 240.426,15.
Corredor N° 3 (Vial 3 SA): $ 112,290,03.
Corredor N° 4 (Caminos de América SA): $ 1.367.100,23.
Corredor N° 5 (Vial Cinco SA): $ 1.474.506.
Corredor N° 6 (Emcovial SA): $ 17.106.

Las multas fueron aplicadas a las distintas concesiones por incumplimientos tales como: infracciones a la medición de las condiciones técnicas de las calzadas de rodamiento, desprendimientos, semaforización; preservación del medio ambiente, iluminación, banquinas, incumplimiento de la obligación de mantener los bienes afectados a la concesión en buen estado y uso, resaltos y hundimientos, ahuellamiento, falta de instalación de cámaras para filmación, señalamiento, corte de pastos y malezas, banquinas, señalamiento horizontal, fisuración, calzadas con pavimento flexible, barandas de defensa, incumplimiento de instrucciones impartidas, infracciones al
señalamiento vertical lateral, etcétera.

De acuerdo con la legislación vigente, el Ministro de Planificación Federal dispone de cinco días hábiles para contestar lo demandado por el Defensor del Pueblo de la Nación.