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AMPLIAREl evento llevó a cabo en el salón de actos Juan B. Alberdi del Palacio de Justicia de Tucumán

Mujeres rurales, pueblos indígenas y judiciales reunidas por una justicia climática

La mesa de diálogo de la actividad estuvo encabezada por Claudia Sbdar, vocal de la Corte Suprema de Justicia; y participaron de ella, Lorena Chara, directora de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD); Mariano Garmendia, presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y Marlise Ilhesca, directora Ejecutiva de la Fundación Foro del Sur y la ministra de gobierno, Carolina Vargas Aignasse.

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Las autoridades invitadas que también asistieron fueron Álvaro Simón Padrós, ministro de Desarrollo Productivo; Florencia Sayago, directora de Medio Ambiente; Andrea Soria, subsecretaria de Asistencia Legal y Técnica del Ministerio de Desarrollo Productivo; los vocales de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos; Nacira Muñoz, en representación del INTA; Sandra Guagnino de Foro Sur; y Aníbal Jozami de la Universidad Nacional Tres de Febrero.

El encuentro se da en el marco de una iniciativa de la Fundación Foro del Sur, financiada por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), a través del fondo EUROCLIMA+, con el apoyo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA); y prevé la creación de una red integrada mujeres indígenas, rurales, juezas, fiscalas, magistradas y funcionarias del Poder Judicial unidas frente a los desafíos que trae el cambio climático para las mujeres en territorio y para la interpretación de marcos legales, siempre impulsando perspectiva de género transversal a la problemática.

De esta manera, la actividad reunió a representantes de dos sectores interpelados por los desafíos que trae el deterioro de la naturaleza: las mujeres, en tanto gestoras de distintos sistemas agroalimentarios, y los representantes del Poder Judicial. El intercambio entre ambas partes se considera clave en relación a los litigios que provoca el deterioro de las condiciones ambientales, la perpetuación de sesgos de género y las desigualdades estructurales que dificultan el acceso a la justicia y una aplicación eficaz de la ley.

Acompañan esta iniciativa la Embajada de Francia en la Argentina, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno Nacional.