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Bolivia sancionará a prefectos que provoquen daños a la economía nacional

El gobierno boliviano determinó a partir del pasado fin de semana impulsar sanciones a las autoridades de las regiones que estimulen medidas de presión con daños a la economía nacional, como los bloqueos de carreteras.

El vicepresidente de la República, Alvaro García Linera, comunicó a la prensa que si los prefectos opositores de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija amparan el cierre de caminos con afectaciones a la población, responderán ante los tribunales.

García Linerarecordó que esos dirigentes, agrupados en el llamado Consejo Nacional Democrático (CONALDE) acordaron también la posible toma de las plantas distribuidoras de gas natural al Brasil y la Argentina, lo que -dijo- constituye un acto de vandalismo.

Esas medidas intentan frenar el referendo popular para aprobar la nueva Constitución, convocado por decreto para el próximo 7 de diciembre, agregó.
Los principales actos de violencia se suscitaron en Pando, con la toma de instalaciones del Instituto Nacional de Tierra; y en el departamento de Beni con ataques a los inmuebles de Impuestos y a la oficina del delegado presidencial, Palmito Soria.

El vicemandatario señaló que un decreto emitido el pasado 24 de agosto establece que en caso de que prefecturas y municipios participaran en la promoción de ataques de destrucción o daño económico a instalaciones públicas, habrá un débito inmediato y automático.
Indicó que todas las acciones violentas en contra de las instituciones del Estado constituyen un delito y que merece la persecución implacable a quienes dañen a la familia boliviana.

Asimismo remarcó que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas recibieron instrucciones de reforzar la protección de los ciudadanos y de las instituciones públicas.

Por su parte, las organizaciones sociales que integran la Coordinadora Nacional para el Cambio acordaron realizar el referendo para aprobar la nueva Constitución por iniciativa ciudadana.

En el más reciente encuentro de esa agrupación, también decidieron iniciar marchas hacia La Paz el próximo 15 de septiembre y cercar al Congreso hasta que ratifique por dos tercios de voto una norma que permita esa consulta.
Los originarios condenaron así la postura de la Corte Nacional Electoral que mediante una carta renunció a administrar ese proceso, debido a supuestas irregularidades legales.