La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó un decreto para que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) controle la comercialización de precursores químicos para la elaboración de drogas peligrosas, actividad que realizaba el Sedronar.
El titular del INTI, Enrique Martínez, manifestó hoy que "es un salto adelante en una tendencia q viene hace ya varios años".
Por decisión presidencial, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial se hará cargo del registro de los denominados " precursores químicos ". Se trata de productos químicos de uso industrial que pueden ser utilizados con fines peligrosos y por lo tanto debe registrarse su producción, importación, exportación y comercio.
Esta decisión representa un cambio cualitativo muy positivo en el tratamiento de un tema tan delicado. Cualquiera fuera la jerarquía y responsabilidad de los operadores de un registro administrativo, sus alcances son limitados.
Un organismo como el INTI tiene la posibilidad de administrar el futuro registro, en base a los siguientes conceptos:
Todo producto químico inscripto es necesario para un uso industrial que deriva en un producto final necesario para la comunidad. Pero a la vez, podría ser utilizado con fines socialmente dañinos.
En consecuencia la tarea del INTI se divide en dos:
a)Identificar en calidad y cantidad los usos finales necesarios para la comunidad. Construir desde allí la cadena de trazabilidad de consumo del producto hasta el fabricante nacional o importador de la materia prima. Controlar demandas finales y stocks intermedios. Analizar pureza de productos y posibles adulteraciones.
b)Identificar posibles sustitutos de los productos hoy utilizados, para que no tengan la opción de ser usados de manera dañina y promover su aplicación.
En la primera tarea, pueden identificarse infracciones diversas. Desde producto “perdido” en la cadena hasta adulteraciones o coeficientes técnicos de uso que no sean correctos. Estas son infracciones administrativas en principio. Si se advierte posibles implicancias penales se derivará a la Justicia y a la Policía.
Para ello, el INTI pondrá toda su capacidad profesional e infraestructura técnica de laboratorios para analizar productos, verificar posibles adulteraciones, realizar la trazabilidad en una cadena de transformación, etc.
El INTI no usará uniforme ni pistola 45; tampoco la lupa de Sherlock Holmes, pero sí cromatógrafos, reactivos, equipos de laboratorio, software. Identificará posibles transgresiones y aplicará las sanciones administrativas que corresponda. Cuando se encuentre ante la probabilidad de conductas penalmente punibles, hará la denuncia a la Justicia, con intervención de la Policía.
Esta nueva función que se le adjudica al INTI será financiada por el Estado nacional con una partida específica. Esta decisión es otro aspecto de una política iniciada hace unos 5 años que lleva a apuntalar las decisiones políticas de regulación de un sector con el aporte de organismos tecnológicos y que ha motivado que el INTI fuera ya convocado en numerosas oportunidades.
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